El “plan transparencia” dejó (más) en evidencia que los argentinos son consumidores cautivos de pseudoempresarios con renta extraordinaria cuidada por el Estado“Desde el Ministerio de Producción impulsamos una política de precios transparentes para incentivar la competencia y cuidar a los consumidores. Por eso, lanzamos una nueva normativa que exige diferenciar claramente el precio al contado del precio en cuotas y especificar el costo financiero total de la compra”.
Tal es la síntesis oficial de una política que, lejos de cuidar a los consumidores, dejó en evidencia el precio estratosférico que tienen electrodomésticos, artículos digitales e indumentaria gracias a la ausencia de competencia instrumentada por la protección estatal.
En los últimos días los medios y redes sociales se colmaron de datos comparativos de precios registrados “antes” y “después” del “plan transparencia”. Pero, como es usual hace décadas, los argentinos perdemos tiempo en cuestiones intrascendentes sin focalizarnos en las causas primigenias de nuestros problemas.
Los tours de compras a Chile y las saladitas informales son parte del mismo fenómeno: una cantidad creciente de personas que ya no quiere ser esquilmada por un grupo de pseudoempresarios millonarios que gozan de rentas extraordinarias protegidas por barreras arancelarias y para-arancelarias.
Además de esquilmar el bolsillo de los consumidores cautivos de manera directa, los pseudoempresarios ensambladores también toman recursos de manera indirecta al recibir subsidios estatales (es decir: dinero de todos los argentinos). Un solo ejemplo: en 2017 el Presupuesto Nacional estableció un gasto tributario de 35.953 millones de pesos para las ensambladoras fueguinas.
La maravilla final de un esquema tan patético que, debido a que decidimos ensamblar y producir bienes de rubros en los que no somos competitivos, no podemos exportar aquellos productos en los que sí lo somos.
Si tuviésemos que resumir en un solo dato el fracaso de la truchada del modelo económico argento, seguramente sería el déficit comercial que mantenemos desde 2008 con China (y que fue de 5823 millones de dólares en 2016).
La nación asiática es la mayor importadora de alimentos del mundo. Tiene además fondos colosales para desarrollar infraestructura en naciones complementarias. Y nosotros, que nos jactamos de ser el supermercado del mundo, somos una mera factoría proveedora de soja de China.
Ahora, más que nunca, luego de la sorpresa Trump en EE.UU., una nación como la Argentina, en caso de estar gobernada (o habitada, como prefieran) por personas con un CI promedio, estaría seguramente negociando un Tratado de Libre Comercio con China (entre otras naciones asiáticas deficitarias de alimentos).
Ya no basta con un “Plan Transparencia”. Se necesita urgente un “Plan Cambiemos”. Pero en serio.
Ezequiel Tambornini