Panorama agropecuario/ El fondo nacional de conservación cuenta con 300 millones de pesos para repartir en todo el país. Ambientalistas y provincias reclaman que debería elevarse entre seis y 10 veces para cubrir las reales necesidades.
Entre las posturas antagónicas que expresan el ambientalismo y el ruralismo, el Estado cumpliendo sin demasiado éxito su rol de árbitro y actores sociales de indudable relevancia pública, pero cuestionable rigor técnico a la hora de opinar. Los bosques nativos se llenan de árboles que tapan, confunden y complican el camino hacia una necesaria nueva ley que los regule.
En medio de ellos, hay un arbusto al que nadie le presta atención, al menos en la faz discursiva, pero que tiene fundamental importancia para la salud del ecosistema de los montes: el pago de los servicios ambientales.
Probablemente porque en medio de un debate en el que prima el ambiente y el desarrollo social, hablar del costo económico que acarrea proteger los bosques no asoma como lo políticamente correcto; pero la realidad indica que en esas tierras en disputa hay productores que viven desde mucho antes de que se sancionara la primera Ley de Ordenamiento Territorial y que demandan respuestas ante la imposibilidad de seguir produciendo.
A inicios de la semana, la Comisión de Enlace de Córdoba organizó una conferencia de prensa; señaló que, pese a las diferencias con las organizaciones ambientalistas, también tienen coincidencias. La principal: que el mapa de bosques vigente estuvo mal armado y debe modificarse.
Un técnico de la Federación Agraria recordó que, en base a imágenes satelitales, vieron por ejemplo que está “pintado de rojo” un histórico olivar. Es decir, bajo la normativa actual, esa zona ahora es intangible, pero el dueño no recibe el dinero que le correspondería, al tratarse de una suerte de “expropiación” de esas tierras.
La ley de bosques nacional, bajo la cual se enmarca la provincial, dispone un fondo especial de conservación que se gira a las provincias para, precisamente, pagar por estos servicios ambientales. Se supone que el 70 por ciento de los recursos debe ir a parar a los dueños de los campos en zona roja y, el 30 por ciento restante a acciones de remediación. Hay, al menos, dos problemas con esos recursos en Córdoba.
El primero está vinculado con su destino. Según los dirigentes del agro, la Provincia recibió alrededor de 20 millones de pesos en los últimos tres ejercicios, pero, a pesar de que elevaron pedidos de informes, no han logrado un detalle de cómo se liquidaron y a quiénes fueron asignados; aseguran que ningún productor los ha recibido.
El segundo es la cantidad del dinero que se gira. Para 2017, la Nación tiene fijados en el Presupuesto 300 millones de pesos, para todas las provincias. Las organizaciones ambientales reclaman, como mínimo, 1.800 millones.
En el Gobierno cordobés se levanta el reproche. “Le dicen a un productor que tiene un campo en zona roja que no puede hacer nada, pero no se lo pagan. El Presupuesto debería multiplicarse, por lo menos, por 10. El servicio ambiental es plata”, le dijo, en off the récord , un funcionario a Agrovoz .
Mientras tanto, el debate por los bosques se sigue centrando en quién es el lobo y quién Caperucita Roja, y así cada vez parece más difícil que tenga un final feliz.
