Autor: Hector Huergo en Clarin - 04/10/2016
La decisión del presidente Mauricio Macri respecto a la continuidad de las retenciones a la soja tiene una componente política mucho más fuerte que las consecuencias económicas.
Es probable que el objetivo fiscal buscado con la libreta de almacenero, se escurra como el agua en una canasta de mimbre. Pero dará respuesta a la presión de los sectores sociales que consideran que el agro había salido privilegiado en estos primeros meses de la administración Cambiemos.
El "beneficio" que había recibido el agro consistió en que bajaron a cero los derechos de exportación de maíz, trigo y girasol, que ya no significaban mucho en la ecuación del campo. El efecto de la política K había derivado en las menores siembras en un siglo. En soja, sólo se redujeron de 35 a 30%. Conviene recordar entonces que se le siguió pidiendo al sojero uno de cada tres camiones de la mercadería cosechada, puesto en el puerto y con el flete pago, más el IVA.
La promesa era que esta carga fiscal se seguiría reduciendo a un ritmo de un 5% por año. Los productores esperaban una quita de "sólo" el 25%. Pero desde hace un par de meses comenzó a correr el rumor de que la crisis fiscal no permitiría concretar la promesa de campaña, repetida luego insistentemente por el propio presidente.
Ese 5% significa una recaudación de entre 800 y 1000 millones de dólares en 2017 adicionales a los 7.000 que aportaría el 25% previsto. Está suficientemente demostrado que la oferta agrícola tiene una fuerte elasticidad/precio. El sector es muy sensible a las señales de precios. La manifestación más reciente de esta realidad es lo que sucede con la campaña 2016/17: la eliminación de las retenciones al trigo, maíz y girasol, generaron un fuerte aumento de la intención de siembra de estos cultivos. Como contracara, había una caída de un millón de hectáreas para la soja, a pesar de la promesa de reducir las retenciones. Es decir, con la realidad imperante hasta ayer, ya se descontaba un 5% de pérdida de área.
Ahora, con el mantenimiento del 30%, el escenario más probable es una caída adicional de la producción. El primer efecto de las retenciones es que alteran la relación insumo/producto. Es decir, castiga la incorporación de tecnología. Se tiende a producir sólo sobre la base de lo que hay en el suelo. Menor rinde, menor producción.
A diferencia de los EEUU, donde las mejores zonas agrícolas compensan con rinde la mayor distancia a puerto, en la Argentina a medida que nos alejamos de la zona núcleo los rindes bajan y los riesgos se incrementan. Esto dejaba fuera de juego a importantes áreas sojeras, en particular del NOA. Así que la contribución al fisco iba a ser prácticamente nula. Alertado de esta situación, el gobierno dispuso un reembolso del 5%, que equivale a devolver lo que primero se quita. Difícil calificarlo como un "beneficio".
Un aspecto positivo, dentro de la mala noticia de la vigencia del 30% por un año más, es que se establece por decreto un cronograma de quitas futuras, a partir de enero de 2018. Será a un ritmo de 0,5% mensual, hasta diciembre de 2019. Si se cumple, como todo lo indica, en ese momento la retención será del 18%. En lugar de entregar uno de cada tres camiones, los sojeros entregarán uno cada cinco.