Carlos Petroli
Las señales oficiosas que abundaron en precampaña terminaron por ser confirmadas. Ahora, cuando todavía no se iniciaron las siembras en la zona núcleo agrícola, el cambio de marcha en el cronograma de quita de retenciones a la soja al menos no luce extemporáneo.
Muy distinto a los tiempos del “viento de cola”, cuando los derechos de exportación saltaban para arriba en medio de la campaña, alterando las reglas.
Desde este flanco, el “timming” del Gobierno no desairó al sector agrícola; las entidades aceptaron la prórroga, con el subrayado de que el potencial ahorro fiscal sea empleado para atender otras urgencias del Estado, entre ellas a las economías más alejadas de los puertos.
Mientras tanto, se deposita para más adelante la expectativa de una reforma integral y la simplificación del sistema impositivo. Uno de los desafíos es bajar la presión (de cada 100 pesos que genera la soja, el Estado se lleva 66, según Ernesto Ambrosetti, economista de la SRA).
También se aguarda que el esfuerzo tributario alcance a otras actividades (renta financiera, juego, minería, entre otras).
Trato diferencial
Con los anuncios del lunes, el Gobierno postergó para la campaña 2017/2018 la rebaja de derechos sobre la soja, con una progresión de 0,5 por ciento mensual recién a partir de enero de 2018.
No obstante, un trato diferencial alcanzará a las 10 provincias incluidas en el “plan Belgrano” (Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca). Para la producción originada en estas regiones correrá una devolución del cinco por ciento en el valor FOB a partir de marzo próximo.
Por la misma cuerda, se anunció un fondeo por 7.100 millones de pesos para economías regionales, que se volcaría a reintegros, sanidad, capital de trabajo, infraestructura.
La postergación de la rebaja de las retenciones empalmará con las actualizaciones impositivas que plantearán los presupuestos provinciales para 2017. ¿Las provincias irán también por otra “gauchada” del campo, como definió el ministro Buryaile? Buenos Aires hizo punta con el anuncio de la administración de María Eugenia Vidal de que postergará un revalúo de inmuebles urbanos y rurales y que, como alternativa, ajustará alícuotas entre 30 y 35 por ciento.
En la provincia, las centrales rurales están a la espera de una inminente reunión para abordar el punto, en principio con el ministro de Agricultura, Sergio Busso. Junto con el Impuesto Inmobiliario, el “costo Córdoba” incide con Ingresos Brutos y Sellos sobre los arrendamientos rurales y contratistas (según estos, la inscripción de la maquinaria nueva o usada incide con un tres a cuatro por ciento).
En el frente interno de las entidades se analiza que la supresión de las retenciones al trigo y al maíz le quitó presión a la ecuación agrícola, pero se citan otros frentes: la inflación se “comió” el beneficio del sinceramiento cambiario; en el caso de la lechería se busca un mejor reparto entre cadenas, y es menester defender la competitividad con otras herramientas.
Las señales oficiosas que abundaron en precampaña terminaron por ser confirmadas. Ahora, cuando todavía no se iniciaron las siembras en la zona núcleo agrícola, el cambio de marcha en el cronograma de quita de retenciones a la soja al menos no luce extemporáneo.
Muy distinto a los tiempos del “viento de cola”, cuando los derechos de exportación saltaban para arriba en medio de la campaña, alterando las reglas.
Desde este flanco, el “timming” del Gobierno no desairó al sector agrícola; las entidades aceptaron la prórroga, con el subrayado de que el potencial ahorro fiscal sea empleado para atender otras urgencias del Estado, entre ellas a las economías más alejadas de los puertos.
Mientras tanto, se deposita para más adelante la expectativa de una reforma integral y la simplificación del sistema impositivo. Uno de los desafíos es bajar la presión (de cada 100 pesos que genera la soja, el Estado se lleva 66, según Ernesto Ambrosetti, economista de la SRA).
También se aguarda que el esfuerzo tributario alcance a otras actividades (renta financiera, juego, minería, entre otras).
Trato diferencial
Con los anuncios del lunes, el Gobierno postergó para la campaña 2017/2018 la rebaja de derechos sobre la soja, con una progresión de 0,5 por ciento mensual recién a partir de enero de 2018.
No obstante, un trato diferencial alcanzará a las 10 provincias incluidas en el “plan Belgrano” (Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca). Para la producción originada en estas regiones correrá una devolución del cinco por ciento en el valor FOB a partir de marzo próximo.
Por la misma cuerda, se anunció un fondeo por 7.100 millones de pesos para economías regionales, que se volcaría a reintegros, sanidad, capital de trabajo, infraestructura.
La postergación de la rebaja de las retenciones empalmará con las actualizaciones impositivas que plantearán los presupuestos provinciales para 2017. ¿Las provincias irán también por otra “gauchada” del campo, como definió el ministro Buryaile? Buenos Aires hizo punta con el anuncio de la administración de María Eugenia Vidal de que postergará un revalúo de inmuebles urbanos y rurales y que, como alternativa, ajustará alícuotas entre 30 y 35 por ciento.
En la provincia, las centrales rurales están a la espera de una inminente reunión para abordar el punto, en principio con el ministro de Agricultura, Sergio Busso. Junto con el Impuesto Inmobiliario, el “costo Córdoba” incide con Ingresos Brutos y Sellos sobre los arrendamientos rurales y contratistas (según estos, la inscripción de la maquinaria nueva o usada incide con un tres a cuatro por ciento).
En el frente interno de las entidades se analiza que la supresión de las retenciones al trigo y al maíz le quitó presión a la ecuación agrícola, pero se citan otros frentes: la inflación se “comió” el beneficio del sinceramiento cambiario; en el caso de la lechería se busca un mejor reparto entre cadenas, y es menester defender la competitividad con otras herramientas.