Se baraja una actualización “gradual y razonable” de las valuaciones fiscales.
Una actualización “razonable y gradual”
de las valuaciones fiscales es el primer título que el Gobierno
provincial trasladó a las entidades del agro con vistas a la próxima
elevación del Presupuesto y de la Ley Impositiva 2017. Ese proceso de
revalúo, sobre la base de indicadores de productividad, quedaría
establecido para un plazo de tres años, con una implementación gradual,
tomando la referencia de las valuaciones de Santa Fe y Buenos Aires, con
las que se comparte la zona núcleo de producción.
En paralelo, se impulsaría una normativa
de promoción de las buenas prácticas agrícolas y rotaciones, por la que
se fijarían incentivos impositivos.
Este fue uno de los asuntos que el
ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, trasladó esta semana a
representantes de la mesa agropecuaria provincial, con la perspectiva
de agendar otro encuentro más específico a su regreso de la gira por el
exterior que emprenderá este fin de semana junto al ministro de
Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile. En buena parte de esa
agenda internacional, Buryaile estará acompañado por los ministros de
Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, las tres mayores provincias
agropecuarias (y de producción de soja, donde los productores deberán
esperar a la campaña 2017/2018 para que prosiga el cronograma de
reducción de retenciones).
La nueva grilla tributaria y la
administración de los recursos para el ejercicio fiscal 2017 ya se ha
instalado en los dos frentes, el nacional y el provincial. Con algún
condicionamiento (que se atienda a las economías regionales y a obras de
infraestructura), la dirigencia del agro ha aceptado aquella prórroga.
Pero ahora empezó a correr la sintonía fina de los números, y las
consecuentes negociaciones. En las rurales, como ocurrió el pasado fin
de semana en Adelia María, los dirigentes piden que la Nación y las
provincias busquen consensos, apunten a una disminución de la presión
fiscal y, paralelamente, realicen inversiones apuntadas a mejorar la
infraestructura. El primer punto será una ecuación difícil, por cuanto
los ingresos de las distintas administraciones buscarán referenciarse
con la inflación, amén de apuntar a un sinceramiento en materia de
valuaciones. En el frente nacional, la Provincia querría ser parte de
acuerdos en torno de los 300 millones de dólares que los productores
cordobeses dejarían de percibir en la campaña 2016/2017 por no contar
con la rebaja del cinco por ciento de las retenciones a la soja.
Por otra cuerda, en obras nacionales,
como las autovías 36 y 19, la Provincia tiene acordado un reparto de las
inversiones 70/30 con la Nación, pero hasta aquí esos emprendimientos
fueron realizados con fondos cordobeses.
A la vez, en el frente interno
provincial, los municipios pugnarán por lo suyo: la coparticipación del
“fondo sojero” (30 por ciento de los derechos de exportación, que se
distribuye entre todas las provincias, a diferencia de las regalías
petroleras) y su porción del 20 por ciento sobre el Impuesto
Inmobiliario Básico. Los intendentes buscarán recibir en tiempo y forma
esa masa de recursos.
Fuente: Agrovoz - Autor: Carlos Petroli.