El Gobierno inició una serie de consultas sobre la norma. Prevé
beneficios impositivos de hasta 20 por ciento y deja sin efecto la
exigencia de no tener que despedir trabajadores.
El Gobierno nacional inició una serie de
consultas a distintos referentes del sector de la maquinaria agrícola
para conocer la opinión sobre su proyecto oficial de desarrollo para la
maquinaria agrícola. Será el paso previo a su envío al Congreso Nacional
para su tratamiento. La idea oficial es que la futura ley de bienes de
capital, que incluye estímulos para maquinaria agrícola, equipos para la
transformación de alimentos (industria frigorífica y láctea),
biotecnología (energía eólica y biomasa), arribe al Poder Legislativo
con el mayor consenso.
La iniciativa, que comenzó a gestarse en
julio en el Ministerio de Agroindustria de la Nación y que cuenta con
el aval del Ministerio de la Producción, incluye dentro de su contenido
mecanismos de desarrollo investigación e incentivos para que las
fábricas argentinas puedan competir con multinacionales.
Incentivos progresivos. En
materia fiscal, por ejemplo, el proyecto de ley prevé la implementación
de un bono fiscal, similar al vigente en la actualidad, pero con
algunos cambios sustanciales. El beneficio arrancaría con un seis por
ciento de descuento sobre el monto de la facturación, para aquellas
empresas que cumplan con los requisitos mínimos, y llegaría al 20 por
ciento para las industrias que utilicen normas de marca argentina y la
generación de nuevos empleos. A diferencia del bono actual, vigentes de
2001, que exige para la percepción del incentivo fiscal no despedir
trabajadores, la norma que promueve el Gobierno dejara sin efecto esa
cláusula y buscará premiar la generación de empleos.
Actualmente, un proyecto de ley
presentado por el senador santafesino Omar Perotti cuenta con media
sanción de la Cámara de Senadores. La propuesta, ya girado a la Cámara
de Diputados, da vigencia por 10 años al bono fiscal del 14 por ciento
sobre el precio de venta de una máquina, que hasta ahora se establece
por decreto presidencial y se actualiza por semestre. Prevé que para
poder acceder al beneficio las empresas deben integrar como mínimo un 60
por ciento de partes nacionales y beneficia a las que suban esa
proporción: hasta cuatro puntos más para las que lleguen hasta el 90 por
ciento.
Fuente: Agrovoz.