El ministro sostuvo que podría ser mediante una ley específica o incluyendo nuevos incentivos en la que rige para la conservación de suelos.
El ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, consideró que las buenas prácticas agrícolas garantizan “sustentabilidad” en la producción y que, por ello, su utilización debería ser premiada, lo que podría ser a través de beneficios impuestos por ley.
El funcionario hizo estas consideraciones a Agrovoz en el marco del congreso Resiliar organizado por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid). Allí, Busso participó en una mesa de debate junto a sus pares de Santa Fe, Luis Contingiani, y de Buenos Aires, Leonardo Sarquís. La mesa estuvo encabezada por el secretario de Agricultura de la Nación, Ricardo Negri.
Bajo el nombre de “Políticas Agropecuarias provinciales, problemáticas comunes. Una mirada federal”, los ministros ofrecieron un panorama de la situación que atraviesan en sus regiones y los temas necesarios que las convocan a trabajar de manera conjunta.
–¿Cuál es la situación que planteó para el caso de Córdoba?
–El tema de las cuencas es el que nos interesa muchísimo. Estos eventos sirven para poner cuestiones en la agenda pública y nuestra prioridad este año es trabajar mucho en la coyuntura pero también crear conciencia sobre la necesidad de generar un programa o un plan que tenga eje en la conservación de los recursos de Córdoba. Estamos muy preocupados por la situación de nuestros recursos, el agua, la tierra. Sin olvidarnos de las obras inmediatas que hay que hacer, tenemos que pensar también en una mirada de mediano y largo plazo.
–¿Cómo se logra establecer esa agenda?
–Con un fuerte compromiso de todos los sectores. Creemos que hay una toma de conciencia de parte del productor de avanzar en una articulación público-privada que es esencial, porque el estado puede hacer obras pero necesitamos que los productores hagan sus trabajos prediales o de construcción de terrazas, por ejemplo. Hay más de 25 consorcios que están trabajando, a los que quizás habrá que darle mayor intensidad, recursos, empoderarlos, pero necesitamos un fuerte compromiso del productor. Y seguramente hay herramientas que el Estado tendrá que usar para estimular, bonificar o sancionar en el caso que no se cumplan en estos acuerdos para darle mucho más sustentabilidad a nuestra producción.
–¿Es posible una ley específica de Buenas Prácticas Agrícolas?
–Sí, ya lo hemos evaluado con algunas herramientas, como por ejemplo el tema impositivo que puede ayudar mucho a su utilización. Las buenas prácticas dan sustentabilidad en el tiempo y eso me parece que tiene que tener un estímulo, un premio. Tenemos también la ley de conservación de suelos que castiga al que hace una producción que está absolutamente desvinculada de estas buenas prácticas. Pero sí, se puede hacer; estos acuerdos y compromisos se pueden sostener en el tiempo con una legislación. Quizás haya que replantear la ley de conservación, que podría incorporar otros elementos vinculados a la forma de producir, lo que sí es fundamental es que, si hay que llevar esto a una legislación, se necesita más que nunca la articulación público-privada para que tenga mayor institucionalidad.
El ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, consideró que las buenas prácticas agrícolas garantizan “sustentabilidad” en la producción y que, por ello, su utilización debería ser premiada, lo que podría ser a través de beneficios impuestos por ley.
El funcionario hizo estas consideraciones a Agrovoz en el marco del congreso Resiliar organizado por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid). Allí, Busso participó en una mesa de debate junto a sus pares de Santa Fe, Luis Contingiani, y de Buenos Aires, Leonardo Sarquís. La mesa estuvo encabezada por el secretario de Agricultura de la Nación, Ricardo Negri.
Bajo el nombre de “Políticas Agropecuarias provinciales, problemáticas comunes. Una mirada federal”, los ministros ofrecieron un panorama de la situación que atraviesan en sus regiones y los temas necesarios que las convocan a trabajar de manera conjunta.
–¿Cuál es la situación que planteó para el caso de Córdoba?
–El tema de las cuencas es el que nos interesa muchísimo. Estos eventos sirven para poner cuestiones en la agenda pública y nuestra prioridad este año es trabajar mucho en la coyuntura pero también crear conciencia sobre la necesidad de generar un programa o un plan que tenga eje en la conservación de los recursos de Córdoba. Estamos muy preocupados por la situación de nuestros recursos, el agua, la tierra. Sin olvidarnos de las obras inmediatas que hay que hacer, tenemos que pensar también en una mirada de mediano y largo plazo.
–¿Cómo se logra establecer esa agenda?
–Con un fuerte compromiso de todos los sectores. Creemos que hay una toma de conciencia de parte del productor de avanzar en una articulación público-privada que es esencial, porque el estado puede hacer obras pero necesitamos que los productores hagan sus trabajos prediales o de construcción de terrazas, por ejemplo. Hay más de 25 consorcios que están trabajando, a los que quizás habrá que darle mayor intensidad, recursos, empoderarlos, pero necesitamos un fuerte compromiso del productor. Y seguramente hay herramientas que el Estado tendrá que usar para estimular, bonificar o sancionar en el caso que no se cumplan en estos acuerdos para darle mucho más sustentabilidad a nuestra producción.
–¿Es posible una ley específica de Buenas Prácticas Agrícolas?
–Sí, ya lo hemos evaluado con algunas herramientas, como por ejemplo el tema impositivo que puede ayudar mucho a su utilización. Las buenas prácticas dan sustentabilidad en el tiempo y eso me parece que tiene que tener un estímulo, un premio. Tenemos también la ley de conservación de suelos que castiga al que hace una producción que está absolutamente desvinculada de estas buenas prácticas. Pero sí, se puede hacer; estos acuerdos y compromisos se pueden sostener en el tiempo con una legislación. Quizás haya que replantear la ley de conservación, que podría incorporar otros elementos vinculados a la forma de producir, lo que sí es fundamental es que, si hay que llevar esto a una legislación, se necesita más que nunca la articulación público-privada para que tenga mayor institucionalidad.