El limón, las peras, las manzanas, el vino, el petróleo, la minería y la mandioca, por ejemplo, no son las "Economías Regionales" sino que son actividades productivas que dan cuenta de una dinámica específica. Comprender a las economías regionales exige el desafío, por un lado, de pensarlas en toda su magnitud como sistemas económicos, es decir, como estructuras de producción, de asignación de recursos, y de distribución y de consumo de bienes y servicios; y por otro, el entender los aspectos estructurales que determinan su situación actual, los escollos y oportunidades, en vistas a un desarrollo futuro, que otorgue mejores condiciones de vida a los ciudadanos que habitan y componen dichos territorios.
Se entiende por economías regionales a los sistemas económicos del país que no responden a la lógica de la economía pampeana constituida por las provincias de mayor desarrollo relativo (CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos). Estamos hablando pues, de sistemas económicos que aportan cerca del 20 por ciento PBI y las exportaciones nacionales, y corresponden a diversas regiones agroecológicas y espacialmente definidas que albergan al 35 por ciento de la población nacional. Más allá de las particularidades, se trata de economías sustentadas en la explotación de recursos naturales, con estructuras productivas rígidas a lo largo del tiempo, concentradas en un puñado de actividades que, con excepción de ciertos enclaves fuertemente vinculados a los mercados foráneos, presentan rezagos de productividad y poca complejidad tanto en términos de producto en la faz industrial, como en la prestación de servicios conexos.
La rigidez en términos productivos se condice con la falta de dinámica en términos de actores y presenta sus consecuencias sobre los aspectos sociales y fiscales de éstas economías. A lo largo de la última década, las economías regionales generaron tan sólo el 26 por ciento del total de puestos de trabajo creados por el sector privado nacional. Porcentaje que se reduce al 21 y 19 por ciento si se consideran los sectores servicios e industria respectivamente. El número de empleos privados cada mil habitantes (127) resultó 37 por ciento inferior al de la zona centro del país (188), con guarismos alarmantes en las provincias de menor desarrollo relativo (que no superan los 100).
Como contracara, el empleo público juega un rol importante en el mercado de trabajo (28 por ciento del empleo en promedio- Norte Grande 33 por ciento, Patagonia 27 y Cuyo 25 por ciento). Visto los condicionantes del sector productivo y atento a las demandas sociales que consecuencia de ello debe suplir, el sector publico de las economías regionales presenta una fuerte dependencia de las transferencias del Gobierno Nacional, en cuanto a ingresos, y una fuerte concentración entorno a las erogaciones corrientes, en lo que respecta al gasto. Aspectos que en conjunto condicionan o limitan su capacidad de inversión y propician una situación de status quo.
Esta realidad no es una fatalidad ni un destino, pero evidencia que la respuesta no se encuentra en la aplicación de medidas dirigidas a modificar variables precio, pues estas amplían o disimulan las falencias y/o virtudes, pero no dan curso al deseado desarrollo sustentable y sostenible de las economías regionales basado en una enérgica transformación de sus estructuras productivas.
Las economías regionales precisan transformar sus estructuras productivas para generar más y mejor empleo e igualdad de oportunidades para sus habitantes. Para ello, deben vincularse de forma virtuosa a los flujos de comercio e inversión a partir de una mejora en la competitividad territorial basada en el incremento de la eficiencia productiva y el grado de complejidad de las cadenas de valor existentes, el desarrollo de nuevas actividades (diversificando la matriz productiva) y engrosamiento del entramado pyme.
Lograr este cometido supone mayor disponibilidad de recursos específicos destinados a dicho fin y tiempo como condición necesaria. Reconfigurar la lógica de vinculación entre los distintos ámbitos de gobierno y de intervención de los instrumentos de política pública, como factor indispensable de éxito. Es preciso construir una visión de futuro que, ponga en común los objetivos de los tres niveles de gobierno, la sociedad científico tecnológica, y las fuerzas vivas de la sociedad, y de sentido al uso del tiempo y a la aplicación de los recursos. En este marco, la implementación de las acciones debe descansar en un entramado institucional local con capacidad para planificar y gestionar procesos de mejora de la competitividad territorial coherentes con los objetivos de futuro acordados.
* Centro de Alianzas Público Privada para la Competitividad y el Desarrollo (Cappcyd) de la Untref.
Se entiende por economías regionales a los sistemas económicos del país que no responden a la lógica de la economía pampeana constituida por las provincias de mayor desarrollo relativo (CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos). Estamos hablando pues, de sistemas económicos que aportan cerca del 20 por ciento PBI y las exportaciones nacionales, y corresponden a diversas regiones agroecológicas y espacialmente definidas que albergan al 35 por ciento de la población nacional. Más allá de las particularidades, se trata de economías sustentadas en la explotación de recursos naturales, con estructuras productivas rígidas a lo largo del tiempo, concentradas en un puñado de actividades que, con excepción de ciertos enclaves fuertemente vinculados a los mercados foráneos, presentan rezagos de productividad y poca complejidad tanto en términos de producto en la faz industrial, como en la prestación de servicios conexos.
La rigidez en términos productivos se condice con la falta de dinámica en términos de actores y presenta sus consecuencias sobre los aspectos sociales y fiscales de éstas economías. A lo largo de la última década, las economías regionales generaron tan sólo el 26 por ciento del total de puestos de trabajo creados por el sector privado nacional. Porcentaje que se reduce al 21 y 19 por ciento si se consideran los sectores servicios e industria respectivamente. El número de empleos privados cada mil habitantes (127) resultó 37 por ciento inferior al de la zona centro del país (188), con guarismos alarmantes en las provincias de menor desarrollo relativo (que no superan los 100).
Como contracara, el empleo público juega un rol importante en el mercado de trabajo (28 por ciento del empleo en promedio- Norte Grande 33 por ciento, Patagonia 27 y Cuyo 25 por ciento). Visto los condicionantes del sector productivo y atento a las demandas sociales que consecuencia de ello debe suplir, el sector publico de las economías regionales presenta una fuerte dependencia de las transferencias del Gobierno Nacional, en cuanto a ingresos, y una fuerte concentración entorno a las erogaciones corrientes, en lo que respecta al gasto. Aspectos que en conjunto condicionan o limitan su capacidad de inversión y propician una situación de status quo.
Esta realidad no es una fatalidad ni un destino, pero evidencia que la respuesta no se encuentra en la aplicación de medidas dirigidas a modificar variables precio, pues estas amplían o disimulan las falencias y/o virtudes, pero no dan curso al deseado desarrollo sustentable y sostenible de las economías regionales basado en una enérgica transformación de sus estructuras productivas.
Las economías regionales precisan transformar sus estructuras productivas para generar más y mejor empleo e igualdad de oportunidades para sus habitantes. Para ello, deben vincularse de forma virtuosa a los flujos de comercio e inversión a partir de una mejora en la competitividad territorial basada en el incremento de la eficiencia productiva y el grado de complejidad de las cadenas de valor existentes, el desarrollo de nuevas actividades (diversificando la matriz productiva) y engrosamiento del entramado pyme.
Lograr este cometido supone mayor disponibilidad de recursos específicos destinados a dicho fin y tiempo como condición necesaria. Reconfigurar la lógica de vinculación entre los distintos ámbitos de gobierno y de intervención de los instrumentos de política pública, como factor indispensable de éxito. Es preciso construir una visión de futuro que, ponga en común los objetivos de los tres niveles de gobierno, la sociedad científico tecnológica, y las fuerzas vivas de la sociedad, y de sentido al uso del tiempo y a la aplicación de los recursos. En este marco, la implementación de las acciones debe descansar en un entramado institucional local con capacidad para planificar y gestionar procesos de mejora de la competitividad territorial coherentes con los objetivos de futuro acordados.
* Centro de Alianzas Público Privada para la Competitividad y el Desarrollo (Cappcyd) de la Untref.