Un llamado curioso recibió el domingo
pasado al mediodía el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario
(BCR), Alberto Padoán. Desde Washington lo llamaba un funcionario de la
Corporación Financiera Internacional (CFI), interesado por las obras de
acceso al complejo oleaginoso, industrial y portuario, de Rosario y
localidades cercanas.
El interés del organismo que depende del
Banco Mundial revela el optimismo que prevalece hoy en el exterior
sobre el potencial de desarrollo que tiene la agroindustria en la
Argentina. Esa visión positiva contrasta con la crítica situación que
todavía padecen las zonas sobre las que se descargaron las lluvias
récord de abril y los escasos fondos disponibles para ayudar a quienes
hoy están en problemas.
"El año que viene podremos llegar a los
130 millones de toneladas, pero necesitamos mejorar la infraestructura",
dice Padoán. La BCR junto con el gobierno de Santa Fe y otras
instituciones de la región quieren atraer inversiones para solucionar de
una vez por todas los problemas de acceso al complejo oleaginoso del
Paraná. De allí se procesan y sale el 65% de la cosecha de granos y el
90% de las harinas proteicas y aceites que exporta el país.
Además del acceso al complejo
oleaginoso, hay otras obras para realizar, creen en la BCR. Las rutas 33
y 34 se podrían transformar en autovías y se podría construir un puente
que unirá Reconquista, en Santa Fe, y Goya, en Corrientes. En 2005
Néstor Kirchner había acordado con los gobiernos de ambas provincias
iniciar las obras. Nunca se hicieron. Lázaro Báez tuvo prioridad.
Ahora, en cambio, hay expectativas en la
obra pública . El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, prometió
que en los próximos cuatro años se construirán más autopistas que en los
últimos 65 años. Muchos esperan que cumpla.
Este potencial de crecimiento revela
otra vez el contraste con el déficit de infraestructura que dejó al
desnudo el desastre pluvial de abril. Aunque las lluvias mermaron y las
cosechadoras entran como pueden a los lotes todavía es muy difícil sacar
la producción .
Según calculó el presidente de la
Federación Agraria Argentina (FAA), Omar Príncipe, sólo en la provincia
de Santa Fe, que concentró el 71% de las pérdidas por inundaciones, hay
20.000 productores afectados. "Tamberos, chancheros y pequeños
productores de 200 o 300 hectáreas de soja están en una situación
dramática", dijo el presidente de la FAA. La entidad le propuso al
gobierno nacional la emisión de un "bono verde" a pagar a valor producto
que les permitiría a los chacareros aliviar el daño económico. "Hay
tamberos que están liquidando las vacas y productores de porcinos que
están vendiendo las madres. Y hay muchos que no van a poder sembrar en
la próxima campaña", advierte Príncipe.
Aunque los funcionarios del Ministerio
de Agroindustria fueron a las zonas que padecieron la inundación y están
impulsando más medidas de ayuda, el desastre pluvial de abril dejó en
evidencia las deficiencias del Estado. El presupuesto para emergencia y
desastre agropecuario, establecido por ley, es de $500 millones y está
congelado desde 2009. No tiene la misma suerte que el programa Fútbol
para Todos que tiene fondos que triplican esa suma y se actualizan por
inflación.
Si el salto que pegó la cotización de la
soja en Chicago esta semana le traerá al Estado un alivio en sus
cuentas, por la vigencia del 30 por ciento de los derechos de
exportación que tiene la oleaginosa y que compensará la merma del
volumen de la cosecha, debería pensarse en una ayuda extraordinaria a
quienes hoy padecen los efectos de las inundaciones.
Aquí hay una oportunidad para acortar la
brecha entre el potencial de crecimiento productivo que tiene el agro y
la realidad de muchos que hoy padecen graves problemas.
Fuente: Diario La Nación - Suplemento Campo - Autor: Cristian Mira.