El objetivo más importante del Gobierno de atraer la inversión extranjera se encontró esta semana con un inesperado oponente: Monsanto. Desde el cuartel general de St. Louis, Estados Unidos, la empresa se declara "decepcionada" con las conversaciones mantenidas con el Ministerio de Agroindustria para cobrar el canon por su soja Intacta a tal punto que suspenderá el lanzamiento de la soja Roundup Ready 2 Xtend. En el encabezamiento del comunicado se deja bien en claro adónde se apunta con esta movida. "Las implicancias de esta decisión podrían tener un impacto más allá de la agricultura", puntualizan. Es decir, a partir de ahora el plan de atraer inversiones al país podría verse afectado. Una piedra en el mismísimo zapato de Mauricio Macri.
Es sin dudas la apuesta más alta en el juego de presiones que se desató desde que comenzaron las conversaciones para resolver el cobro de la soja Intacta. La noticia cayó como una bomba en el Gobierno. Hay muchos enojados, comenzando por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, que no piensa atender más a los funcionarios de la empresa por este tema. "No tienen palabra, creen que están por encima del Estado. Atropellando no van a solucionar nada con este gobierno. En definitiva, parece que pretenden manejar el comercio de granos", masculla.
La bronca de Ricardo Buryaile y su equipo se vino incubando desde hace por lo menos un mes cuando sacaron la resolución 140 que obliga a homologar cualquier sistema de análisis en la comercialización de granos. Monsanto, lejos de sentirse involucrado y de presentarse para contar con el aval oficial, realizó una comunicación oficial en la que ratificaba que seguiría con su sistema. El trámite si lo comenzó Bioceres, aunque aún está sin terminar.
Lo cierto es que el comunicado enviado desde St. Louis viene a derribar la última propuesta de Agroindustria que consistía en: 1) aceptar la existencia de los contratos con la cláusula que permite los análisis de los camiones para detectar la soja Intacta mientras estos sean voluntarios; 2) para aquellos productores que decidan no firmar la cláusula, se realizará un control aleatorio por parte del Inase. Y quienes no puedan acreditar el origen de la soja, el Estado los penalizará por infligir la actual ley de semillas.
Pero Monsanto insiste en su postura de no desmontar el sistema que construyó involucrando a los exportadores y que le permite analizar toda la soja en los puertos. Elaboró un tamiz por el que pueden llegar a pasar las 57 millones de toneladas de soja de esta campaña para así poder detectar las 3,5 millones de toneladas sospechosas. De no escaparse un solo grano de soja sin cobrar, Monsanto estaría recaudando cerca de 20 millones de dólares como canon de su tecnología. Difícilmente sea un volumen mayor si es cierto que el 15% de esta campaña proviene de sojas con el evento Intacta y que el 60% ya pagó el canon correspondiente.
Suena como desproporcionadas frente al desbarajuste que se está armando. Máxime cuando todos los interlocutores concuerdan que cualquiera sea el acuerdo a alcanzar, éste será transitorio y sólo para esta campaña. La solución definitiva que asegure el pago a los semilleros y a los obtentores de eventos biotecnológicos llegará con una nueva ley de semillas y un Inase fortalecido.
En la escalada de presiones cruzadas, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se expediría en breve sobre el reclamo de las entidades por el supuesto abuso de posición dominante de parte de la multinacional.
Entre tanto, en el mercado mundial la alemana Bayer continúa con la intención de comprar Monsanto. ¿Cambiará entonces el estilo de "matar o morir" del cowboy norteamericano por el culto a lograr consensos del empresariado europeo?
Es sin dudas la apuesta más alta en el juego de presiones que se desató desde que comenzaron las conversaciones para resolver el cobro de la soja Intacta. La noticia cayó como una bomba en el Gobierno. Hay muchos enojados, comenzando por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, que no piensa atender más a los funcionarios de la empresa por este tema. "No tienen palabra, creen que están por encima del Estado. Atropellando no van a solucionar nada con este gobierno. En definitiva, parece que pretenden manejar el comercio de granos", masculla.
La bronca de Ricardo Buryaile y su equipo se vino incubando desde hace por lo menos un mes cuando sacaron la resolución 140 que obliga a homologar cualquier sistema de análisis en la comercialización de granos. Monsanto, lejos de sentirse involucrado y de presentarse para contar con el aval oficial, realizó una comunicación oficial en la que ratificaba que seguiría con su sistema. El trámite si lo comenzó Bioceres, aunque aún está sin terminar.
Lo cierto es que el comunicado enviado desde St. Louis viene a derribar la última propuesta de Agroindustria que consistía en: 1) aceptar la existencia de los contratos con la cláusula que permite los análisis de los camiones para detectar la soja Intacta mientras estos sean voluntarios; 2) para aquellos productores que decidan no firmar la cláusula, se realizará un control aleatorio por parte del Inase. Y quienes no puedan acreditar el origen de la soja, el Estado los penalizará por infligir la actual ley de semillas.
Pero Monsanto insiste en su postura de no desmontar el sistema que construyó involucrando a los exportadores y que le permite analizar toda la soja en los puertos. Elaboró un tamiz por el que pueden llegar a pasar las 57 millones de toneladas de soja de esta campaña para así poder detectar las 3,5 millones de toneladas sospechosas. De no escaparse un solo grano de soja sin cobrar, Monsanto estaría recaudando cerca de 20 millones de dólares como canon de su tecnología. Difícilmente sea un volumen mayor si es cierto que el 15% de esta campaña proviene de sojas con el evento Intacta y que el 60% ya pagó el canon correspondiente.
Suena como desproporcionadas frente al desbarajuste que se está armando. Máxime cuando todos los interlocutores concuerdan que cualquiera sea el acuerdo a alcanzar, éste será transitorio y sólo para esta campaña. La solución definitiva que asegure el pago a los semilleros y a los obtentores de eventos biotecnológicos llegará con una nueva ley de semillas y un Inase fortalecido.
En la escalada de presiones cruzadas, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se expediría en breve sobre el reclamo de las entidades por el supuesto abuso de posición dominante de parte de la multinacional.
Entre tanto, en el mercado mundial la alemana Bayer continúa con la intención de comprar Monsanto. ¿Cambiará entonces el estilo de "matar o morir" del cowboy norteamericano por el culto a lograr consensos del empresariado europeo?