El ministro de Agroindustria advirtió que "no se puede poner en la cabeza una pistola al Gobierno".
El
ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile cruzó con dureza a la
multinacional semillera Monsanto y dijo que "no se puede poner en la
cabeza una pistola a un Gobierno a cuatro meses de haber asumido". Las
declaraciones del funcionario tienen relación con la presión que ejerce
la compañía para que el Gobierno le permita seguir cobrando regalías a
productores por el uso de una tecnología de su propiedad, algo que la
cartera que dirige el ex CRA resolvió prohibir con una resolución.
Durante la inauguración del Seminario Carne Argentina 2030, ‘Con la Ganadería ganamos todos’ organizado por el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el funcionario reconoció que mantuvo una reunión pedida por el CEO de Monsanto, Brett Begemann, para interceder en la decisión del Gobierno. La resolución 140, que comenzará a regir de manera efectiva a partir de hoy, aclara que los sistemas de controles de los granos deben estar autorizados por el Estado.
Esta medida, en la práctica dejó sin efecto la denominada Cláusula Monsanto, por la cual la empresa intenta cobrar regalías a los productores por la utilización de la soja denominada ‘Intacta’ y que es resistente a insectos. "No vamos a dejar que ninguna empresa por más fuerte que sea viole nuestros derechos individuales", manifestó el responsable del Ministerio de Agroindustria, al ser consultado por los periodistas sobre el desenlace que tendrá el conflicto con Monsanto, tras su encuentro con el CEO mundial de la multinacional.
También aclaró no haber recibido ningún pedido para autorizar métodos de análisis de granos vendidos en el país, medida que apunta a regular las revisiones de cargamentos de soja que se vienen realizando desde abril del 2015 y que son alentadas también por firmas agroexportadoras para identificar granos de la tecnología Intacta RR2 PRO que no pagaron regalías y cobrar por su uso.
Los agricultores se resisten, ya que la ley argentina permite el uso gratuito de semillas de segunda generación, lo que dificulta diferenciar entre simientes obtenidas en el mercado negro y aquellas reproducidas por los propios agricultores. "Estamos abiertos a que se presenten los sistemas para homologarlos", dijo Buryaile. "Queremos garantizar transparencia en el mercado. Que no va a haber sector privado por encima de las políticas del Estado que pueda distorsionarlo", agregó.
En 2015, Argentina dijo que los derechos solo podían ser cobrados al momento de la compra de la semilla y creó un registro de granos para combatir su venta en el mercado negro. Pero la revisión continuó y eso llevó a grupos de productores a denunciar a Monsanto por ‘conducta antijurídica y abusiva’.
Durante la inauguración del Seminario Carne Argentina 2030, ‘Con la Ganadería ganamos todos’ organizado por el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el funcionario reconoció que mantuvo una reunión pedida por el CEO de Monsanto, Brett Begemann, para interceder en la decisión del Gobierno. La resolución 140, que comenzará a regir de manera efectiva a partir de hoy, aclara que los sistemas de controles de los granos deben estar autorizados por el Estado.
Esta medida, en la práctica dejó sin efecto la denominada Cláusula Monsanto, por la cual la empresa intenta cobrar regalías a los productores por la utilización de la soja denominada ‘Intacta’ y que es resistente a insectos. "No vamos a dejar que ninguna empresa por más fuerte que sea viole nuestros derechos individuales", manifestó el responsable del Ministerio de Agroindustria, al ser consultado por los periodistas sobre el desenlace que tendrá el conflicto con Monsanto, tras su encuentro con el CEO mundial de la multinacional.
También aclaró no haber recibido ningún pedido para autorizar métodos de análisis de granos vendidos en el país, medida que apunta a regular las revisiones de cargamentos de soja que se vienen realizando desde abril del 2015 y que son alentadas también por firmas agroexportadoras para identificar granos de la tecnología Intacta RR2 PRO que no pagaron regalías y cobrar por su uso.
Los agricultores se resisten, ya que la ley argentina permite el uso gratuito de semillas de segunda generación, lo que dificulta diferenciar entre simientes obtenidas en el mercado negro y aquellas reproducidas por los propios agricultores. "Estamos abiertos a que se presenten los sistemas para homologarlos", dijo Buryaile. "Queremos garantizar transparencia en el mercado. Que no va a haber sector privado por encima de las políticas del Estado que pueda distorsionarlo", agregó.
En 2015, Argentina dijo que los derechos solo podían ser cobrados al momento de la compra de la semilla y creó un registro de granos para combatir su venta en el mercado negro. Pero la revisión continuó y eso llevó a grupos de productores a denunciar a Monsanto por ‘conducta antijurídica y abusiva’.