Batalla campal entre Monsanto y el sector rural por cláusula que cambia por completo el negocio de la soja
La Rural y Federación Agraria acusan a la firma de cobrar un canon ilegal en puertos privados. La multinacional, que reconoce la medida, asegura que no infringe ningna normativa y no quiere perder regalías a manos de la "bolsa blanca". Para Monsanto, las entidades buscan la gratuidad de la genética
Abuso de posición dominante. Conducta antijurídica. Estado paralelo.
En lo que ya es a las claras el conflicto más importante del sector sojero en este último tiempo, las principales entidades del campo -lideradas por la Sociedad Rural (SRA)- vienen llevando a cabo una ofensiva mediática y legal con el fin de doblegar al único dueño de la genética que se comercializa en la Argentina: la multinacional Monsanto.
Con denuncias presentadas ante Defensa de la Competencia y la Secretaria de Comercio Interior, tanto la SRA como Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) buscan desactivar un mecanismo de control en puertos que la compañía comenzó a implementar en 2014.
¿El objetivo de la empresa? contrarrestar la piratería de su tecnología de transgénesis Intacta.
Conocida en el ámbito de las organizaciones como "cláusula Monsanto", comprende una operatoria que en la SRA no dudan de tildar de "Estado paralelo": previo acuerdo con los exportadores, la empresa lleva a cabo un monitoreo compulsivo de los cargamentos de granos para detectar el uso no abonado de su genética.
En caso de detectar que la soja entregada en el puerto no figura entre las bolsas comercializadas por la firma, Monsanto procede a cobrarles a quienes entregan los granos una tasa de 15 dólares por tonelada.
De oponerse, el empresario agrícola que liquida puede incluso ser llevado ante la Justicia.
Para la SRA y la FAA, dicha medida representa un abuso al entender que un privado no debería atribuirse el rol de policía que le debe competer al Estado.
Además, argumentan que la medida viola marcos legales como la Ley de Patentes que veta la posibilidad de tener la posesión comercial de plantas o cultivos.
Del otro lado del cuadrilátero, Monsanto alega que es el poseedor de la patente correspondiente a su método de transgénesis, que es justo que quiera cobrar por su invención y que no tiene inconveniente alguno en enfrentar a las organizaciones en cualquier tribunal local, de ser necesario.
"Esto es muy simple: hay productores y empresas que no quieren pagar por nuestra tecnología, luego de que la compañía ha invertido mucho para lograr este tipo de avances. Además, la compra de Intacta es opcional. Es decir que si no están de acuerdo con abonar una tasa por el uso de nuestra invención, tranquilamente pueden usar otras semillas", afirmó a iProfesional Fernando Giannoni, director de Asuntos Corporativos de la multinacional.
"El inconveniente lo tienen algunos líderes del sector, porque las bases sí aceptan el mecanismo. En la campaña pasada, más del 75% de nuestros clientes pagaron la semilla por adelantado bajo esa pauta. Y para esta ya llevamos una cifrar similar, que alcanza al 70% de los productores que optan por elegirnos", completó.
El directivo expresó que La Rural y otras entidades quieren adquirir la tecnología y luego no volver a pagar, una postura que no es convalidada por la empresa.
"Lo curioso del reclamo de la Rural es que la mayoría de sus miembros ni siquiera hace agricultura, son mayormente ganaderos", afirmó Giannoni.
Al momento de buscar argumentos para no pagar, "mencionan cuestiones que nada tienen que ver con la discusión, como la soberanía alimentaria o la patente de las semillas", completó el directivo.
Monsanto es la comercializadora de toda la tecnología aplicada a la soja que hoy se vende en la Argentina. Su invención llega a los productores a través de las semillas que luego desarrollan compañías como Don Mario y Nidera.
La firma introdujo su primera semilla transgénica en 1996. Lo hizo a través de RR -"Roundup Ready"- que incorporaba resistencia al glifosato, elaborado también por la empresa.
Luego de seducir a todo el sector rural del país con estos productos genéticamente modificados, se focalizó en la obtención de regalías por la tecnología aplicada a los cultivos.
Sin embargo, cuando Monsanto quiso exigir "su parte", fue demasiado tarde: nunca se le reconoció la patente de la RR en la Argentina, por lo que no pudo obtener ingresos derivados de su invención.
Fue así que, a modo de compensación, la firma orientó su negocio a la comercialización de agroquímicos, del que pudo obtener ganancias multimillonarias.
El cambio con Intacta
Dicen que el que se quema con leche ve una vaca y llora.
En instancias previas al lanzamiento comercial de otro producto -en este caso Intacta- Monsanto no quiso volver a pasar por la mala experiencia que debió transitar en los años 90.
Es por eso que en el 2014 comenzó a ajustar los controles de las exportaciones con el propósito de erradicar la "piratería" de su nueva genética.
Es así que comenzó a negociar acuerdos con los exportadores con el objeto de revisar todos los cargamentos de soja que salgan de la Argentina para poder detectar el uso de biotecnología no abonada.
En otras palabras, la empresa buscó establecer un control privado sobre los envíos al mundo con el fin de poder cobrar por su innovación.
La Sociedad Rural no comparte esta metodología: "Monsanto no está haciendo otra cosa que ajustar una estrategia que ya tenía pensada y que se basa en su posición de monopolio en el mercado de la soja", señaló a iProfesional su vicepresidente, Daniel Pelegrina.
"Primero impuso la semilla entre algunos acopiadores. Esa semilla se fue multiplicando y ahora quiere retener montos en la boca de salida", expresó.
En relación con el control que ejerce en los puertos privados, consideró que el equipamiento que utiliza para monitorear los despachos no está homologado en el país.
"Monsanto dice que tiene una patente y que puede hacer este tipo de controles para defender su negocio, pero nosotros creemos que no tiene nada. Además pensamos que con esta medida, lo que hace es abrirle la puerta a otras empresas para que mañana hagan lo mismo, como Bioceres, Bayer, Dow", afirmó Pelegrina.
A la polémica suscitada por los controles se agrega otra cuestión no menor: Monsanto es, precisamente, la empresa que expide los certificados de bioseguridad que son exigidos por otros países al recibir el producto.
"Si no se firma un convenio con la empresa, exportar se hace imposible. El certificado de bioseguridad para poder colocar la soja en China te lo entrega la misma Monsanto", detalló Pelegrina, quien entiende que de este modo las empresas quedan entre la espada y la pared.
Preocupación alimentaria
Desde Federación Agraria Argentina (FAA) su titular, Omar Príncipe, comentó a iProfesional que el inconveniente mayor "pasa por el monopolio que tiene Monsanto con la genética".
"Hemos denunciado a la empresa en la Secretaría de Comercio Interior. Si se permite que cobren como lo hacen, ¿quién nos asegura que mañana no harán lo mismo con el tomate o con la papa que también ofrece la compañía?", enfatizó.
Príncipe sostuvo que la ley actual de semillas prohíbe el cobro de regalías, en contraposición al canon que impone Monsanto a sus clientes, a los que "ata con contratos de pagos anuales hasta el año 2028".
Otra organización que apunta contra la firma es Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), al entender que hace uso de su posición dominante en la genética de soja.
"El actual marco de semillas establece un uso gratuito. Esto es que el productor pueda comprar una bolsa, sembrar, multiplicar para tener más semillas y no volver a pagar por el producto".
"Monsanto quiere que se le pague por la semilla que se guarda y eso es ilegal. La ley dice que uno puede multiplicarla para uso propio, es decir, generar más", explicó un vocero de CRA.
Además, especificó que cada vez que alguien le adquiere productos, su nombre queda asentado en el sistema de Monsanto.
"Si este año vos aparecés con granos originados en una compra que no les hiciste, te cobran la cláusula porque no adquiriste soja cada año como ellos pretenden", agregó.
Para Monsanto, un tema de bolsillo
Con el control en puertos privados lo que está haciendo Monsanto es intentar cerrar el grifo de aquello que se presenta como el mayor problema que enfrentan las semilleras: la circulación de insumos "truchos".
Dado que la descendencia de la primera cepa de soja mantiene la estructura transgénica, no faltan quienes desarrollan y comercializan bolsas a partir de una única semilla paga.
En la Argentina se estima que cuatro de cada cinco bolsas (de semillas) se venden de forma no certificada.
Dado que la mayoría de estas partidas "blancas" integran la tecnología de la multinacional, la decisión de limitar la pérdida de regalías resulta una cuestión que desde la empresa catalogan de obvia.
"Esto hay que compararlo con la aparición de la grabadora de discos compactos. De un original se hacían varias copias. En el agro pasó algo parecido. Alguien compra semillas con invención de Monsanto y luego las multiplica. Así arman las ‘bolsas blancas'", destacaron fuentes de la Federación de Acopiadores.
"¿Qué busca la empresa? Rastrear su desarrollo en el producto final, tal como lo hace en Estados Unidos. Como no puede asegurarse el cobro por toda la venta, entonces busca percibir las regalías directamente en el embarque", completaron.
Para Giannoni, de Monsanto, la queja de las organizaciones no se condice con la manera en que los agricultores acuerdan la adquisición de Intacta.
"El sistema aplicado ha sido consensuado antes de traer la tecnología. Los productores estuvieron de acuerdo. La postura que tomaron La Rural y la Federación Agraria es para no pagar", dijo a iProfesional.
Giannoni remarcó que nadie obliga a nadie en la compra de semillas. Y que si por libre elección se eligen las de Monsanto -que incorporan investigación y desarrollo- es lógico que la empresa pueda cobrar una tasa.
"Somos la compañía que más arriesga. Lamentablemente en este tema subyace una cuestión más política que productiva. Se están mezclando los temas, pero sabemos que estamos operando como indica la normativa", completó.
Como antecedente a este conflicto, durante la gestión de Néstor Kirchner la compañía intentó por todos los medios cobrar por su tecnología RR aplicada a la soja.
Ante la decisión del Gobierno de no hacer lugar a su reclamo, inició una campaña de presión sobre los destinos comerciales de la oleaginosa local alrededor del mundo.
De este modo logró que países europeos directamente incauten los cargamentos de harina de soja provenientes de la Argentina.