Continúan las distorsiones en el mercado de granos de Argentina.
Si
bien en los primeros días el gobierno nacional ha hecho valiosos
esfuerzos fiscales tomando medidas en la dirección correcta a través de
la eliminación de los derechos de exportación (salvo en soja que está
gravada con el 30% del precio internacional) a través del decreto
133/2015 y la reciente resolución conjunta 4/2015 que deja sin efecto la
los ROEs (resolución 543/2008), volviendo al sistema de Declaraciones
Juradas de Ventas al Exterior, vemos con preocupación la continuidad de
las distorsiones en el mercado de granos de Argentina que generan
descuentos de precios a los productores, atentando contra la necesaria
normalización de los mercados, poniendo en riesgo el éxito de las
medidas adoptadas.
En el caso
de trigo (en particular el trigo Cámara), los compradores ofrecen 130
dólares por tonelada cuando podrían estar pagando al menos 160 dólares,
lo que representa una quita del 20%.
En
el caso del girasol, continúan los problemas históricos de formación de
precios castigando a los productores girasoleros. Los compradores de
girasol (o la industria) ofrecen 260 dólares por tonelada cuando podrían
pagar al menos 330 dólares por tonelada, lo que implica (por falta de
competencia) que el precio que recibe el productor es un 20% inferior.
Los
productores podrían considerar como alternativa al momento de
comercializar la opción de no entregar a fijar el girasol, para poder
negociar en mejores condiciones. En este sentido el productor debe saber
que una vez entregado a fijar el girasol, las fábricas le seguirán
fijando el precio sin posibilidades de negociación.
Siendo
de público conocimiento las irregularidades arriba planteadas, llama la
atención declaraciones de funcionarios que sostienen “la necesidad de
concentrar la demanda”, sabiendo que estas han sido medidas que han
beneficiado a los compradores de trigo y que no ayudarán al éxito de las
políticas implementadas, generando mayor incertidumbre y manteniendo
los privilegios en los compradores de trigo. Es incomprensible que se
restrinja la exportación a través de limitar el plazo a solo 45 días
para declarar exportaciones de trigo para proteger a la molinería
argentina, sabiendo que existen instrumentos como los mercados de
futuros donde pueden asegurarse la mercadería a lo largo del año.
Por
último se manifiestan problemas en la descarga en los puertos, en
particular en cebada, lo que dificultaría el cumplimiento de los
contratos pactados con anterioridad, con demoras en los plazos de cobro,
lo que trae aparejado implícito un costo financiero extra para el
productor. Es necesario, por tanto, la adopción de medidas que busquen
eficientizar la logística y reduzcan los costos financieros.