En la geografía agropecuaria, Macri cosechó un fuerte respaldo para
su aspiración presidencial. En las entidades del agro revisan
estrategias.
Cuando la vergüenza se vuelve verde,
cualquier burrito se la quiere comer. Con mucho tono y ambiente rural,
el refrán corre entre los más suspicaces para describir el humor que
reina entre la dirigencia del agro tras el veredicto de las urnas del
último domingo.
La retórica del burro no sólo calza a
algunos políticos que cambian rápido de camiseta en tiempos electorales.
Haciendo un paréntesis: la geografía rural se jugó en esta ocasión con
un fortísimo voto de apoyo a la propuesta de Cambiemos y a la figura de
Mauricio Macri, que cosechó holgada adhesión por encima de sus
contrincantes en los principales distritos productivos.
Atento a eso, las entidades rurales ingresaron en una fase de revisión de estrategias, a tono con el escenario político.
En el ruralismo confederado de CRA,
donde Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos pujan por la presidencia en la
asamblea del próximo 12 de noviembre, no se pasa por alto el viraje de
Carbap desde una posición de cercanía a Daniel Scioli, a otra que busca
ahora arrimarse a la ola amarilla del macrismo.
En la Federación Agraria, uno de sus
brazos cooperativos (Agricultores Federados Argentinos) ha dejado de
pertenecer a Capeco, la cámara formada por Guillermo Moreno para
aglutinar a exportadores de granos.
En Córdoba, en la ruralista Cartez, se
reconoce una plataforma con la que ha presentado credenciales para
reformular y ampliar a la Mesa de Enlace; se propicia sumar a más
entidades (como a las “técnicas” Aapresid y Aacrea), con el concepto de
que “la mesa debe continuar, porque es una institucionalidad de los
productores”.
Ajuste impositivo. Después
de conocer la pauta presupuestaria de 2016 presentada en la
Legislatura, las entidades rurales de Córdoba pidieron una audiencia con
la Comisión de Agricultura, donde harán conocer sus objeciones. Al
comparar los números, el cálculo les arroja que (más allá de que los
pequeños productores quedarán fuera del ajuste), el resto de los
contribuyentes tendrá aumentos en el Inmobiliario más cercanos al 30 por
ciento, que al 22 por ciento promedio anunciado desde Finanzas.
Para las nuevas partidas, se destaca la
proyección de más fondos para consorcios canaleros (de 46 a 213 millones
de pesos); el fondo rural para infraestructura y gasoductos pasaría de
802 a 850 millones, y el destinado al mantenimiento de la red firme
natural, de 437 millones a 564 millones de pesos.
En la sumatoria de los fondos, los
productores estarían aportando 1.846 millones de pesos, sin contar el
Inmobiliario básico. En las entidades argumentan que la Provincia podría
sopesar la posibilidad de aliviar la carga, como piden los productores,
en razón de que el tributo rural pesa poco en un presupuesto holgado:
sólo conformaría el 0,5 por ciento del total.