A dos meses de
dejar el Gobierno, el oficialismo continúa trabajando sin parar para
concretar su última misión: quedarse con el Estado, garantizándose una
combinación infalible de poder e impunidad. Para hacerlo, por un lado,
crean y asignan cargos que superan ampliamente en tiempo su permanencia
en el gobierno, mientras que por el otro buscan garantizarse a toda
costa una hegemonía total sobre el Poder Judicial.
Las maniobras de cooptación de la administración pública son cada vez más obscenas. En primer lugar, ocuparon puestos de conducción cuya duración excede largamente el fin del mandato presidencial actual con personas alineadas: Sbatella en la UIF, Gils Carbó en el Ministerio Público Fiscal, Vanoli en el BCRA y Sabbatella en el AFSCA, entre otros. En segundo lugar, ocuparon puestos permanentes en la base misma de la administración (más de 25.000 sólo en 2015, muchos en empresas y bancos públicos) y además efectivizaron (dando la estabilidad del empleado público) sólo a quienes mostraron adhesión política. Esta ocupación sigue en proceso: sin ir más lejos, véase el reciente llamado a concurso para 453 puestos de planta permanente en el Ministerio de Justicia.
La última moda del Gobierno para continuar con este proceso es crear nuevos organismos y agencias. Por ejemplo, en 2014 se creó la Autoridad Federal Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyo directorio le dio al oficialismo la posibilidad de poner 5 directores por cuatro años. Acaba de aprobarse la Agencia Nacional Participaciones Estatales en Empresas, de cuyo directorio el oficialismo se lleva 2 directores por el mismo lapso. Con el nuevo Código Procesal Penal y leyes de implementación, quedarán casi 100 magistrados nuevos en el Ministerio Público (17 casi elegidos por Gils Carbó) y más de 2500 nuevos empleados entre éste y el Poder Judicial. La creación de la Agencia Federal de Inteligencia (ex SI) sirvió para barrer con ajenos, e ingresar mínimo 138 personas vinculadas al oficialismo.
Siguiendo esta línea, acaba de darse sanción en Diputados a dos proyectos que, bajo la excusa de mejorar la situación del deporte en Argentina, crean una superestructura burocrática de tres organismos y un inmenso ente nacional. En conjunto, totalizan casi 99 puestos de conducción por cuatro años, de los cuales unos 33 no son remunerados, 12 sí recibirán pago, y del resto no se dice nada. Próximamente, se discutirá un “régimen de promoción de juventudes” cuyo corolario es la creación de cuatro organismos más, con mínimo dos puestos de conducción garantizados para el oficialismo actual. Ni hablar de la cantidad innominada de nuevos empleados que significarán todos estos organismos. Destrabar este andamiaje institucional monstruoso deberá estar entre las prioridades de gane el domingo.
Las maniobras de cooptación de la administración pública son cada vez más obscenas. En primer lugar, ocuparon puestos de conducción cuya duración excede largamente el fin del mandato presidencial actual con personas alineadas: Sbatella en la UIF, Gils Carbó en el Ministerio Público Fiscal, Vanoli en el BCRA y Sabbatella en el AFSCA, entre otros. En segundo lugar, ocuparon puestos permanentes en la base misma de la administración (más de 25.000 sólo en 2015, muchos en empresas y bancos públicos) y además efectivizaron (dando la estabilidad del empleado público) sólo a quienes mostraron adhesión política. Esta ocupación sigue en proceso: sin ir más lejos, véase el reciente llamado a concurso para 453 puestos de planta permanente en el Ministerio de Justicia.
La última moda del Gobierno para continuar con este proceso es crear nuevos organismos y agencias. Por ejemplo, en 2014 se creó la Autoridad Federal Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyo directorio le dio al oficialismo la posibilidad de poner 5 directores por cuatro años. Acaba de aprobarse la Agencia Nacional Participaciones Estatales en Empresas, de cuyo directorio el oficialismo se lleva 2 directores por el mismo lapso. Con el nuevo Código Procesal Penal y leyes de implementación, quedarán casi 100 magistrados nuevos en el Ministerio Público (17 casi elegidos por Gils Carbó) y más de 2500 nuevos empleados entre éste y el Poder Judicial. La creación de la Agencia Federal de Inteligencia (ex SI) sirvió para barrer con ajenos, e ingresar mínimo 138 personas vinculadas al oficialismo.
Siguiendo esta línea, acaba de darse sanción en Diputados a dos proyectos que, bajo la excusa de mejorar la situación del deporte en Argentina, crean una superestructura burocrática de tres organismos y un inmenso ente nacional. En conjunto, totalizan casi 99 puestos de conducción por cuatro años, de los cuales unos 33 no son remunerados, 12 sí recibirán pago, y del resto no se dice nada. Próximamente, se discutirá un “régimen de promoción de juventudes” cuyo corolario es la creación de cuatro organismos más, con mínimo dos puestos de conducción garantizados para el oficialismo actual. Ni hablar de la cantidad innominada de nuevos empleados que significarán todos estos organismos. Destrabar este andamiaje institucional monstruoso deberá estar entre las prioridades de gane el domingo.
Mario Negri es diputado nacional, presidente del Bloque UCR