Mientras la Provincia analiza el Presupuesto 2016, las Rurales trasladaron en Cartez el pedido de una quita para las cuotas que restan del Inmobiliario.
Los productores ya señalaron la fecha en el calendario: dentro de unos 20 días, el 15 de octubre, ingresará en la Legislatura el nuevo cálculo de recursos para el diseño del Presupuesto provincial del próximo año.
En la vereda rural anotan con lápiz rojo la brecha entre la previsión oficial de mantener la recaudación cuanto menos en línea con la inflación y la caída de ingresos que enfrentan las actividades productivas.
Este año, ese contrapunto contabiliza que la situación económica de los productores se agravó. Con ese timbre, Cartez, Coninagro y la Sociedad Rural Argentina decidieron llamar el próximo miércoles a una asamblea en Villa María.
En el consejo de Cartez, las Rurales dejaron el siguiente planteo: que la Provincia, antes que pensar en aumentos, tenga en cuenta alguna quita para las cuotas que restan del Inmobiliario 2015.
Como ha sucedido con la tasa vial, el impacto en el bolsillo de los productores es cotejado con los proyectos en infraestructura en ejecución y los que llevará adelante la nueva administración del gobernador electo Juan Schiaretti. Pero, de todos modos, avisan que será un trago difícil de digerir un “ajuste por inflación”, como ha sido el criterio en los años anteriores.
La Provincia ha mantenido este formato en lugar de ir a un revalúo inmobiliario. La movilidad de los ingresos fue por el lado de los fondos específicos o por actualizaciones que este año redondearon una emisión por encima de los 1.500 millones de pesos, según cálculos de las rurales. La mochila les da cuenta que, a valor producto y en términos relativos, esa carga se disparó; los tambos y aun los productores de granos son los que más la padecen.
Esta semana, el Índice Fada, que elabora la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina con sede en Río Cuarto, arrojó otro récord en la participación del Estado en la renta agrícola. Según ese cálculo, por cada 100 pesos de ganancia, el productor entrega al Estado 94,10 pesos. La cuenta surge de los tributos nacionales y provinciales, incluidos los derechos de exportación y los costos de intervención (efecto ROE en trigo y maíz).
Este incremento de la participación del Estado con respecto al 93,5 por ciento de junio y al 81,7 por ciento de hace un año, dice Fada, se debe a la combinación de factores como la caída de precios de las commodities agrícolas y a que la devaluación fue menor al incremento de costos.
En el último año, la soja cayó un 18,6 por ciento en dólares, el maíz un 0,6 por ciento (había bajado antes) y el trigo un 20,4 por ciento; todo eso contra una devaluación del 11 por ciento. Es decir, en el caso de la soja, el precio en pesos bajó un 10 por ciento mientras que los costos se incrementaron un 17,5 por ciento. Fada menciona otro dato: la caída de precios se viene dando desde 2012; el atraso cambiario, sin prisa y sin pausa, desde 2004. Un atraso que complica a todos los sectores exportadores.
Los productores ya señalaron la fecha en el calendario: dentro de unos 20 días, el 15 de octubre, ingresará en la Legislatura el nuevo cálculo de recursos para el diseño del Presupuesto provincial del próximo año.
En la vereda rural anotan con lápiz rojo la brecha entre la previsión oficial de mantener la recaudación cuanto menos en línea con la inflación y la caída de ingresos que enfrentan las actividades productivas.
Este año, ese contrapunto contabiliza que la situación económica de los productores se agravó. Con ese timbre, Cartez, Coninagro y la Sociedad Rural Argentina decidieron llamar el próximo miércoles a una asamblea en Villa María.
En el consejo de Cartez, las Rurales dejaron el siguiente planteo: que la Provincia, antes que pensar en aumentos, tenga en cuenta alguna quita para las cuotas que restan del Inmobiliario 2015.
Como ha sucedido con la tasa vial, el impacto en el bolsillo de los productores es cotejado con los proyectos en infraestructura en ejecución y los que llevará adelante la nueva administración del gobernador electo Juan Schiaretti. Pero, de todos modos, avisan que será un trago difícil de digerir un “ajuste por inflación”, como ha sido el criterio en los años anteriores.
La Provincia ha mantenido este formato en lugar de ir a un revalúo inmobiliario. La movilidad de los ingresos fue por el lado de los fondos específicos o por actualizaciones que este año redondearon una emisión por encima de los 1.500 millones de pesos, según cálculos de las rurales. La mochila les da cuenta que, a valor producto y en términos relativos, esa carga se disparó; los tambos y aun los productores de granos son los que más la padecen.
Esta semana, el Índice Fada, que elabora la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina con sede en Río Cuarto, arrojó otro récord en la participación del Estado en la renta agrícola. Según ese cálculo, por cada 100 pesos de ganancia, el productor entrega al Estado 94,10 pesos. La cuenta surge de los tributos nacionales y provinciales, incluidos los derechos de exportación y los costos de intervención (efecto ROE en trigo y maíz).
Este incremento de la participación del Estado con respecto al 93,5 por ciento de junio y al 81,7 por ciento de hace un año, dice Fada, se debe a la combinación de factores como la caída de precios de las commodities agrícolas y a que la devaluación fue menor al incremento de costos.
En el último año, la soja cayó un 18,6 por ciento en dólares, el maíz un 0,6 por ciento (había bajado antes) y el trigo un 20,4 por ciento; todo eso contra una devaluación del 11 por ciento. Es decir, en el caso de la soja, el precio en pesos bajó un 10 por ciento mientras que los costos se incrementaron un 17,5 por ciento. Fada menciona otro dato: la caída de precios se viene dando desde 2012; el atraso cambiario, sin prisa y sin pausa, desde 2004. Un atraso que complica a todos los sectores exportadores.