En Córdoba, las centrales rurales pidieron la adhesión del gobernador a una agenda de medidas de alcance nacional. Llevan el documento a intendentes.
Carlos Petroli
Quienes
se esmeran ver una luz en el fondo del túnel analizan que las
sembradoras quedarán en el galpón hasta que se conozcan las primeras
definiciones del próximo presidente. Eso ocurrirá después del 10 de
diciembre cuando una buena porción del maíz y de la soja recién
ingresará a los potreros previamente seleccionados para realizar la
implantación.
Sin embargo, las economías del agro más alejadas de puerto hace rato
que entraron en emergencia; los tractorazos y la presencia de
productores fuera de sus establecimientos, en plan de protesta, es un
termómetro que mide esa fiebre. La campaña electoral, la gira y las
promesas de los candidatos, van por un carril contiguo. Los productores,
aun cuando buscan definiciones de parte de esos postulantes y le
reclaman medidas inmediatas al Gobierno, no se ven enrolados en las
acciones proselitistas, como algún distraído podría conjeturar. Los
planteos responden a sus urgencias económicas y financieras, remarcan a
cada paso.La estrategia que acordaron tres de las centrales rurales nacionales (CRA, la SRA y Coninagro) consiste recurrir ante los gobernadores y autoridades locales en cada pueblo para que presten adhesión a un petitorio de 15 lineamientos o medidas para la reactivación de las actividades agropecuarias. Una manera de interiorizarlos y de sumarlos como aliados en decisiones de política oficial que ayudarían a reflotar inversiones y el empleo que hoy flaquean a escala territorial.
Esta movida sólo reconocerá una tregua el domingo, para no interferir en las elecciones primarias nacionales. Después, la dirigencia rural avisa de que los productores seguirán movilizados.
Las entidades del agro cordobés enviaron una nota el viernes anterior para pedir audiencia con el gobernador José Manuel de la Sota y requerirle adhesión al citado documento, que fue redactado previo al acto oficial de la Rural de Palermo, en nombre de “los miles de productores que hoy atraviesan una crítica situación como consecuencia de la falta de incentivos, de mercados, y una presión fiscal récord, con graves riesgos de no poder seguir produciendo”.
Esa declaración hace foco en una agenda “para el desarrollo social, productivo y federal”.
“Creemos que es necesario compartir con la ciudadanía nuestras demandas porque hay miles de trabajadores que tienen en riesgo sus puestos de trabajo producto de las malas políticas económicas y agropecuarias implementadas desde el Gobierno nacional”, mencionan como fundamento CRA, la Rural y Coninagro. La conducción de la FAA, por su lado, lleva adelante su propia estrategia para lograr lo que considera políticas diferenciales para sus asociados, el rango de productores de menor tamaño y escala. Según las centrales agropecuarias, peligra el empleo y el futuro de las unidades de producción junto con el entramado social del interior.