Una propuesta que avanza en la Unión Europea (UE) plantea que cada Estado del Viejo Continente pueda prohibir o restringir en su territorio alimentos y forrajes transgénicos, y afectar las exportaciones de harinas de soja, maíz y grano de soja.
La iniciativa fue presentada en abril pasado y provocó rechazos internacionales, de varios de los propios países de la UE y de la Argentina por las consecuencias negativas.
Hasta ahora, la UE había admitido que sus miembros podían en sus territorios autorizar, prohibir o restringir el cultivo de organismos genéticamente modificados como la soja y el maíz, pero permitía la importación para consumo humano y animal.
La nueva propuesta amenaza con pegar un golpe importante a las exportaciones argentinas. Según datos oficiales, en 2014 el principal importador de las harinas proteicas de soja de la Argentina fue Europa (28,6% del total exportado de ese producto), lo cual equivale al 16% de los ingresos aportados por el complejo oleaginoso (u$s 3.3 mil millones) y al 4,6% del total de las exportaciones del país.
La iniciativa de la Comisión Europea desecha las evidencias científicas y las evaluaciones de riesgo realizadas por el organismo de inocuidad alimentaria europeo (Efsa) apelando a argumentos tales como la “moralidad y la seguridad públicas a la preservación de los vegetales”.
Estados Unidos, Canadá, Brasil y la Argentina la cuestionaron oficialmente. Para Washington significa también un potente freno a las negociaciones con la UE sobre comercio e inversión, destinado a plasmarse en un tratado de intercambio.
Diversas organizaciones y países europeos, porque la virtual discrecionalidad para obstaculizar la importación de proteínas transgénicas provocaría aumentos de precios, quiebras masivas de empresas de la cadena alimentaria y forrajes, y de ganadería, ya que la UE depende en un 75% de esas importaciones para generar alimentos para su población.
Unas quince entidades representativas de la cadena agroalimentaria europea realizaron duras críticas a la iniciativa. Pekka Pesonen, principal directivo de la entidad que agrupa a productores y cooperativas (Copa-Cogeca), instó al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE a rechazar la iniciativa porque “va a amenazar seriamente el mercado interno de alimentos y forrajes, provocando pérdidas de empleo considerables y una menor inversión en la cadena agroalimentaria en los países con ’opción de salida’ (los que podrían adherir a la prohibición de la importación de transgénicos)”.
De acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad de Reading, en el Reino Unido, la aplicación de esa iniciativa ocasionaría la “falta de abastecimiento de esa materia prima para la industria de fabricación de alimento balanceado para consumo animal, que provocaría un aumento en los precios a corto plazo del grano de soja y de la harina de soja de un 291% y 301%, respectivamente”.
El informe concluyó que, al incrementarse los precios de los insumos para forrajes (49% para alimento balanceado para vacunos) por la sustitución de soja transgénica, el costo de producción vacuna se incrementaría en un 4,6%, impactando en la suba de precios al consumidor.
El mismo estudio subrayó que, durante el período 2000-2014, la importación por Europa de soja transgénica representó, en relación con la soja convencional, un ahorro de 55 mil millones de euros.